El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que decidió otorgar la prescripción de la causa a favor del expresidente del INDERT, Luis Ortigoza, en la investigación abierta por supuesta tentativa de estafa.
El Ministerio Público solicita que se anule el A.I. 48 del 23 de febrero de 2026, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Primera Sala, y se confirme el A.I. 1622 del 9 de setiembre de 2025, dictado por la jueza Clara Ruiz Díaz, que elevó la referida causa a juicio oral y público. Integran el Tribunal de Alzada los camaristas Jesús María Riera, Camilo Torres y Paublino Escobar, quien votó en disidencia.
Para el Ministerio Público está claro que que el Tribunal transgredió el Art. 104 inc. 2° del CP, debido a que la Cámara de Apelaciones consideró que ha transcurrido el doble del plazo de la prescripción, a pesar de que Ortigoza estuvo en estado de rebeldía por 5 años, 7 meses y 15 días, habiendo fallos anteriores, los cuales constituyen en argumento de autoridad por provenir de la Sala penal de la Corte Suprema, que se contrapone abiertamente a lo resuelto en mayoría por la Cámara de Apelaciones, acerca del doble efecto de la rebeldía, que tiene carácter interruptivo y suspensivo.
En tal sentido, la Cámara de Apelaciones en mayoría, ha resuelto que la acción del Ministerio Público prescribió el 9 de agosto de 2023, teniendo como punto de partida la culminación de la conducta del acusado la cual culminó el 9 de agosto del 2013.
Teniendo en cuenta el tiempo que estuvo en rebeldía el acusado, se verifica efectivamente que durante ese lapso no se pudo lograr la persecución penal, por la rebeldía, una causa no imputable al Órgano Jurisdiccional ni al Ministerio Público, esta se configura como una circunstancia y obstáculo objetivamente insuperable y se procede en ese caso a la suspensión de la prescripción conforme lo establecido en el art. 103 inc. 1 del C.P.
Cabe destacar que, en el marco de la presente causa, donde se encuentra acusado Ortigoza, se ha sustanciado el juicio oral y público para los demás procesados, siendo condenados por S.D n.° 307 de fecha 26/07/2023, resolución confirmada a estas alturas por la máxima instancia judicial, los siguientes procesados: Ostaciano López González; director regional de Amambay - INDERT; condenado a 6 años de pena privativa de libertad. Andrés Francisco Arguello; secretario general de INDERT, condenado a 2 años y 6 meses años de cárcel. Enrique Duarte López; encargado de deslinde de la INDERT, condenado a 2 años y 6 meses de prisión y Osmar Orlando Escobar Núñez, asesor jurídico de INDERT, penado con 2 años y 6 meses de cárcel.
En el juicio oral la Fiscalía logró probar que entre el 26 de julio y el 9 de agosto de 2013, de común acuerdo con el entonces presidente del INDERT Luis Ortigoza, llevó adelante los trámites y actos administrativos para adjudicar la titularidad del inmueble donde funcionaba el Aeropuerto de Capitán Bado, departamento de Amambay, identificado como Lote CH92, a un supuesto beneficiario de la reforma agraria identificado como Ali Hatem Barakat Barakat.