El agente fiscal Luis Fernando Escobar, titular de la Unidad Penal n.° 7 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, presentó imputación contra un hombre de 28 años por su supuesta participación en un millonario atraco perpetrado contra la Cooperativa Reducto Ltda. El representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva para el imputado, quien enfrenta cargos por robo agravado, asociación criminal y transgresión de la Ley de Armas.
Los antecedentes del caso refieren que el asalto ocurrió el 4 de diciembre de 2025, alrededor de las 08:56 horas, en la sede de la entidad crediticia ubicada en el Barrio Obrero de la capital departamental. Según la investigación, el ahora imputado y otros cuatro hombres fuertemente armados, que llevaban tapabocas y quepis, llegaron al sitio a bordo de un automóvil Toyota Premio, color plateado, sin chapa.
Tras ingresar violentamente, los presuntos criminales habrían despojado de su arma, un revólver calibre 38, al guardia de seguridad y seguidamente habrían intimado a la tesorera a entregar todo el dinero disponible, consistente en la suma de G. 271.209.939 en efectivo. Asimismo, robaron celulares, billeteras y joyas de los funcionarios antes de darse a la fuga.
La identificación del sospechoso fue posible mediante un análisis técnico realizado por personal especializado del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, el cual incluyó la extracción de imágenes de circuito cerrado, el cotejo de características físicas y el análisis de patrones delictivos previos, cuyos resultados arrojaron coincidencias relevantes con el ahora imputado.
Tras su reciente detención en el marco de otra causa penal, y ante la gravedad del hecho, así como la presunta utilización de armas de fuego por parte de una supuesta estructura organizada, el fiscal Luis Escobar encuadró la conducta en los hechos punibles de robo agravado, asociación criminal y transgresión de Ley de Armas.
Asimismo, el Ministerio Público sostuvo la existencia de peligro de fuga, debido a la falta de arraigo del procesado y a la elevada expectativa de pena, por lo que solicitó la prisión preventiva y un plazo de cuatro meses para concluir la etapa investigativa y presentar el correspondiente requerimiento conclusivo.