Historia

Antecedentes generales

El Paraguay inició en el año 1989 un lento, pero sostenido proceso de democratización de sus instituciones. En el año 1992 se aprueba una nueva Constitución Nacional y con ello un Programa Constitucional de la República, en cuyo marco se redefinen los roles y funciones del Poder Judicial, compatibles con un sistema democrático de Gobierno.

La nueva Constitución Nacional es el punto de partida para la reforma del sistema de Administración de la Justicia Penal. En ese marco y con ese objetivo, en julio de 1998 se aprueba un nuevo Código Penal; en julio de 1997 un nuevo Código Procesal Penal (que entró en vigencia en marzo del 2000), y en noviembre del año 2000, la primera Ley Orgánica del Ministerio Público en el Paraguay.

Reforma penal

Con la entrada en vigencia de la Constitución, en el año 1992 se inició un proceso fundamental para asegurar y desarrollar el sistema democrático en el Paraguay. La Carta Magna previó una reforma del sistema penal, la cual se basa principalmente en un sistema oral y acusatorio (orientado al sistema continental-europeo) y con principios y garantías de un Estado de Derecho.

En este contexto, la Fiscalía General del Estado promovió la redacción de los proyectos de Código Penal, aprobado en 1997, del Código Procesal Penal, aprobado en 1998 y de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada en el año 2000, leyes que implicaron cambios muy profundos y siguen vigentes en la actualidad. El nuevo procedimiento está orientado a lograr más transparencia y oralidad, con participación de la ciudadanía. 

Modelo acusatorio - adversorial

A partir de la Reforma Constitucional de 1992 y con la vigencia de los nuevos Código Penal (Ley N° 1.160), Código Procesal Penal (Ley N° 1.286) y Ley de Transición (Ley N° 1.444) fue definitivamente reemplazado el sistema penal de estilo "inquisitivo" por un modelo acusatorio, que cumple los postulados constitucionales y humanos del debido proceso legal. Con la reforma integral de la justicia penal se consigue  la solución de los problemas que contrajo el modelo abandonado y que rigió más por más de un siglo; problemas que negaban eficiencia y humanidad a la administración de justicia penal (justicia imprevisible, casi inaccesible, insegura, sin juicio previo, sin presunción de inocencia, mínimo derecho a la defensa, oscuridad de información para el justiciable, entre otros).

El modelo acusatorio de tinte adversorial, hoy convertido en sistema específico dentro del complejo sistema general de justicia paraguaya - establece como parámetro fundamental la imparcialidad del juez (órgano jurisdiccional), autoridad que deja de "investigar" y se dedica sólo a "juzgar". Entonces, el Ministerio Público, órgano judicial autónomo, con la objetividad de actuación como regla principal, pasa a ocupar un rol protagónico activo (antes era sólo consultivo y alternativo), quedando bajo su directa responsabilidad la etapa preparatoria solamente dos de las tres etapas fundamentales del proceso penal: la investigación fiscal preparatoria que finaliza con la acusación ante el Juez. Así, el Ministerio Público investiga los hechos punibles de acción penal pública y asume el rol acusador (es el elemento activo-dinámico de la justicia penal de acción penal pública).

 

 
 
 
 
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