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01 de Noviembre de 2014

Área de Apoyo Técnico

DIRECCIÓN DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

El Ministerio Público requiere apoyo de carácter científico y técnico en el ámbito de la medicina, para dilucidar ciertos hechos ilícitos que caen bajo su jurisdicción. Por ello, ha dispuesto la creación de la DIRECCIÓN DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, compuesta por médicos forenses, que se constituyen en  auxiliares de la justicia, dentro de un contexto de sostenibilidad y crecimiento con calidad, responsabilidad social y humanización de los servicios.

Hoy presenciamos como una situación frecuente, determinados tipos de actos criminales que se caracterizan por su violencia y/o por su alta complejidad. Las evidencias o indicios dejados por el autor en el lugar del hecho son mínimos, debido generalmente a la desigualdad de posibilidades entre el autor y la víctima, así como a la utilización de instrumentos y armas sofisticadas. Paralelamente, también la ciencia se ha desarrollado posibilitando la aplicación de nuevas tecnologías con capacidad identificadora sobre indicios mínimos como la denominada tecnología del ADN.

Por su parte,  la medicina legal y las ciencias forenses en general, deben acompañar este desarrollo teniendo una visión y concepto integral e integrador del proceso de investigación a fin de no invalidar la investigación criminal, privando de esa forma a la Administración de la Justicia y a la sociedad en su conjunto de datos que permiten esclarecer hechos delictivos cada vez más frecuentes.

ANTECEDENTES

Durante mucho tiempo el trabajo en Medicina Legal fue realizado por los Médicos Forenses de la Corte Suprema de Justicia y el trabajo en Ciencias Forenses en General, realizado por peritos de la Policía Nacional o del área privada. Posteriormente, con el advenimiento del nuevo Código Penal y Procesal Penal, el peso de la investigación recae en el Ministerio Público, con lo cual el mismo nombra a médicos forenses en diferentes áreas, médicos forenses, psicólogos forenses y psiquiatras forenses.

LA NUEVA ESTRUCTURA

El Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público adquirió categoría de Dirección y fue adecuada de modo a hacer frente a la reforma integral de la justicia del país. Se constituye de esta forma en el referente del Ministerio Público en cuanto a los requerimientos de carácter científico y técnico en materia de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Institución, dentro de un contexto de sostenibilidad y crecimiento con calidad, responsabilidad social y humanización de los servicios.

DIVISIONES

La Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, coordinado por el doctor Pablo Lemir, tiene a su cargo la coordinación y la dirección técnica de las distintas dependencias forenses del Ministerio Público. La misma cuenta con el apoyo de una Secretaria y una encargada de administración y RR.HH (por encontrarse esta sede en la morgue judicial). Asimismo se han creado los siguientes departamentos especializados:

  • Departamento de Tanatología
  • Departamento Clínica
  • Laboratorio y Médicos Auxiliares

FUNCIONES GENERALES

La Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses forma parte del Gabinete de Apoyo Técnico del Ministerio Público y tiene una cobertura nacional.

Los médicos que integran esta dependencia se dedican a practicar las autopsias y demás investigaciones médico-legales en cadáveres, restos humanos y/u orgánicos, como también ampliar dichas investigaciones si el Tribunal competente lo requiere. También deben practicar exhumaciones, tanto de cadáveres inhumados con autopsia previa, como sin autopsia y evacuar peritajes solicitados por los fiscales o los tribunales de justicia sobre:

  • Naturaleza y gravedad de agresiones físicas sufridas por las personas.
  • Agresiones sexuales (abusos y coacciones).
  • Enfermedades psiquiátricas (imputabilidad, interdicción).
  • Evacuar informes sobre responsabilidad médica (mal praxis).
  • Exámenes médicos: enfermedades, edad fisiológica, invalidez.

Otros objetivos de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses son:

    • Iniciar un proceso de mejoramiento y modernización de la gestión, mediante la reducción de los tiempos de respuestas en los informes periciales y el cumplimiento de adecuados niveles de calidad científica.
    • Definir las normas técnicas que deban cumplir los distintos organismos y personas que realicen funciones periciales asociadas con la Medicina Legal y Ciencias Forenses, y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento.
    • Coordinar y asesorar la realización de investigaciones científicas en los diferentes campos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    La Medicina Legal y las Ciencias Forenses en general, utilizan la totalidad de los conocimientos científicos para dar respuestas a cuestiones jurídicas y asumen una responsabilidad pública excepcional como colaboradora indispensable a la obra de la justicia.

    CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

    Este Centro funciona desde el año 1994 regido por disposiciones reglamentarias de la Fiscalía General del Estado, adaptando sus funciones a la Reforma del Sistema Penal Paraguayo, el cual se halla vigente desde marzo del año 2000.>

    DIRECCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS

    Esta dependencia tiene la función de examinar las denuncias e informes, evacuando las consultas realizadas por los Agentes Fiscales, los Fiscales Adjuntos o el Fiscal General del Estado; como también el análisis de diversos informes remitidos por órganos como la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda.

    La Dirección de Delitos Económicos del Ministerio Público es un organismo consultor que responde a solicitudes hechas por el Fiscal General del Estado a través de la Secretaría General del Ministerio Público, por los Fiscales Adjuntos y por los Agentes Fiscales de las distintas unidades penales.

    En ese sentido, se analizan las denuncias presentadas al Fiscal General de Estado que refieren la afectación del Bien Jurídico Patrimonio o el Ejercicio de Funciones Públicas para dictaminar si lo presentado reúne cualidad de denuncia, y en su caso, expedirse si corresponde que la denuncia sea investigada por alguna unidad especializada en Delitos Económicos o Anticorrupción o, en consecuencia por la unidad penal de turno.

    Otra función de esta Dirección es prestar apoyo en la tramitación de procesos que se consideran complejos y/o paradigmáticos llevados dentro de las unidades de Delitos Económicos y/o en las Unidades Anticorrupción. Por otra parte, se evacua diariamente consultas verbales de Agentes Fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

    Se debe atender que el análisis de las cuestiones sometidas a consideración de la Dirección de Delitos Económicos requiere de un análisis complejo de dos ámbitos que no pueden considerarse con abstracción el uno del otro, para lo cual se deben prever mecanismos que agilicen y mejoren su complementación.

    DIRECCIÓN DE DELITOS AMBIENTALES

    La situación de descontrol de los hechos ambientales no se vio disminuida, sin embargo, existe un aumento en la atención de causas penales, como consecuencia del aumento de capacidad de respuesta de la Fiscalía General del Estado, por intermedio de la Unidades Penales Especializadas y de la oficina técnica de apoyo, Dirección de Medio Ambiente.

    El Paraguay cuenta con instancias ambientales que están obligadas por los ordenamientos jurídicos al logro de los objetivos prioritarios de interés social como la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral señalados en la Constitución Nacional. El Ministerio Público es una de ellas. Con sus intervenciones, basadas en la experiencia de los técnicos de la Dirección de Medio Ambiente, se han detectado los problemas ambientales existentes en el país.

    El trabajo es arduo, pero lo cierto y concreto es que la obligación es continuar con la proyección de la “Cultura del cumplimiento de las leyes” entre todos los actores sociales. Preservar los recursos no significa atacar las consecuencias de los hechos sino buscar las causas. Y una de ellas es que, gran parte de las normas penales ambientales son redactadas con la técnica de la norma penal en blanco, de modo que para la construcción del tipo penal se recurre a disposiciones o instancias administrativas tutelares del ambiente y como estas son dispersas, sus normativas son confusas, incoherentes, superpuestas, en la práctica ocurre la “insostenibilidad ambiental“. Por lo tanto nuestra responsabilidad es revertir estos hechos.

    DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

    Esta Dirección ha sido creada a fin de realizar tareas de investigación y coordinación de los hechos punibles contra los Derechos Humanos con los Agentes Fiscales Especializados de dicha área, como respuesta a una sociedad, en su gran mayoría carente de recursos económicos para paliar los gastos que ocasiona una querella adhesiva.

    La sociedad exige eficiencia ante este tipo de delitos, que a pesar de algunas políticas promovidas por el Gobierno para erradicar la violación de los Derechos Humanos hasta la fecha por ejemplo, aparecen casos de tortura, como método de represión de delitos comunes, lo que constituye una rémora de los métodos de la dictadura stronista.

    El Ministerio Público es conciente de la necesidad de erradicar los delitos contra los Derechos Humanos. En consecuencia, ha creado la Dirección de Derechos Humanos, a fin de realizar tareas de monitoreo, investigación, consulta e información, difusión y de coordinación con otras dependencias, sean ONG´s o estatales, que unan esfuerzos a favor de los Derechos Humanos. Asimismo, ha unido esfuerzos formando parte de Comisiones Interinstitucionales con otros organismos gubernamentales, buscando de esta manera cooperar en el combate a las torturas y a los delitos cometidos por agentes públicos.

    Esta Dirección se convierte en un eslabón de fundamental importancia, ya que ante esta instancia presentan sus denuncias la mayoría de las víctimas, en coordinación con las Unidades Fiscales, se encarga de impulsar la investigación en los casos de violaciones a los DD.HH.

    INTERVENCIONES

    • DESOCUPACIONES DE INMUEBLES
    • AMENAZAS DE MUERTE
    • INFORME DE CAUSAS
    • VISITAS A PENITENCIARIAS
    • VISITAS A CENTROS DE RECLUSIÓN PARA MENORES
    • VISITAS A UNIDADES MILITARES
    • VISITAS A COMISARÍAS
    • DENUNCIAS CONTRA AGENTES DEL ORDEN
    • DENUNCIAS SOBRE AGRESIÓN Y TORTURA

    DIRECCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS

    En atención al principio constitucional que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la República del Paraguay, el Ministerio Público ha venido adecuando su estructura y funciones para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, a través de la Oficina de Derechos Étnicos.

    El Ministerio Público ha atendido los reclamos de los pueblos indígenas constituyéndose, mediante la Oficina de Derechos Étnicos, en un órgano sensible a las inquietudes y necesidades de una sociedad pluriétnica, según manda la Constitución y las diversas leyes que regulan esta materia. 

    Nuestra Carta Magna, que data del año 1992, en su CAPÍTULO V “DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”, (artículos 62 al 67) prescribe sobre: “…la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo”. (Art. 62) “Reconoce su identidad cultural, al momento de garantizar el derecho de los pueblos indígenas, a preservar y a desarrollar su identidad étnica en su respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en la Constitución…”. (Art. 63) En este mismo articulado se establece que en los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.

    En este sentido, el Código Penal ha incorporado un procedimiento especial como alternativa válida para resolver los conflictos en las comunidades indígenas, conforme a sus particularidades étnicas. La figura de la conciliación fue el elemento más utilizado para regular la convivencia armónica en estas comunidades. Siguiendo con el mandamiento constitucional respecto a los grupos étnicos, en el artículo 64 se estipula “…el derecho de los indígenas a una propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida…” Igualmente, se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, (Art. 65); el derecho a la educación y a la asistencia, respetando la particularidad cultural de su pueblo, (Art. 66); y la exoneración de  los miembros de los pueblos indígenas de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley, (Art. 67)

    En ese orden, el Código Procesal Penal introduce un procedimiento especial para hechos punibles relacionados con estas personas, incorporando así la diversidad étnica, a fin de evitar la alienación cultural, con la participación del perito y el consultor técnico desde el inicio de la investigación.

     

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