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23 de Octubre de 2014

Área Administrativa

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

El Tribunal de Disciplina se conforma en Salas, integradas por tres miembros titulares y un suplente cada una, para dictaminar en los casos en que el Inspector General presente una acusación formal contra un funcionario o empleado del Ministerio Público, por incumplimiento de obligaciones administrativas, incumplimiento de sus superiores, o por las faltas descritas en el artículo  84 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

El Consejo Asesor se constituye en Tribunal de Disciplina cada vez que sea necesario juzgar a un empleado o funcionario del ente, que presuntamente haya incumplido con sus obligaciones y cuyo procesamiento no corresponda a otra autoridad

Según estipula la resolución por la cual se aprueba el Reglamento del Tribunal de Disciplina del Ministerio Público, el Tribunal de Disciplina se constituirá únicamente cuando la sanción aplicable sea la de suspensión del cargo o remoción de acuerdo a lo establecido en el Art. 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

INSPECTORÍA GENERAL

Esta dependencia es responsable de la investigación de las actividades de los fiscales y funcionarios; cuando corresponde acusa ante el Tribunal de Disciplina o denuncia ante el Fiscal General del Estado, eventuales irregularidades, previniendo el mal desempeño y la corrupción dentro de la Institución.

La Inspectoría General, conforme a la Ley Nº 1562/00 “Orgánica del Ministerio Público”, en su Artículo 70, tiene la función de:

1) realizar investigaciones administrativas, de oficio o en virtud de alguna denuncia, de cualquier irregularidad en el ejercicio de las funciones;

2) acusar ante el Tribunal de Disciplina cuando tenga suficientes elementos de prueba sobre la existencia de una falta administrativa;

3) presentar denuncias al Fiscal General del Estado, cuando tenga elementos de sospecha sobre la comisión de hechos punibles en el ejercicio de la función o en ocasión de ella por parte de cualquier miembro del Ministerio Público.

Actualmente, la Inspectoría General se encuentra en proceso de fortalecimiento, integra el grupo de trabajo dentro del componente “A” del Proyecto Umbral, un proyecto a nivel país, que busca aumentar la capacidad investigativa del Ministerio Público, a fin de luchar contra la impunidad y la corrupción.

Asimismo, esta dependencia se aboca a la tarea de definir políticas, pautas y procedimientos propios de las investigaciones administrativas, para lo cual también se trabaja en forma conjunta con otras dependencias del Ministerio Público, en cuanto a la aplicación de recursos informáticos y la capacitación de los recursos humanos disponibles, con el objeto de lograr la implementación del procedimiento desarrollado en un plazo prudencial.

AUDITORÍA GENERAL

En el marco del plan de control del cumplimiento de los procedimientos administrativos, disposiciones legales y reglamentarias de las sedes barriales, zonales y regionales del país, la Dirección de Auditoría de Gestión se abocó a controlar el cumplimiento de los procedimientos administrativos, disposiciones legales y reglamentarias de las sedes barriales, zonales y regionales del país; así como la fiscalización de los depósitos de evidencias. Por su parte, Auditoría Financiera se ocupó de la verificación y análisis de los estados contables, financieros y presupuestarios de la Institución

Los trabajos de Auditorías de Gestión Administrativa, Exámenes Especiales, verificación y Análisis de los Estados Contables y Financieros de la Institución son realizados de conformidad al artículo 61 de la Ley 1535/99 “De Administración Financiera del Estado” y al Plan de Trabajo de la Dirección de Auditoría General que fuera aprobado para los ejercicios fiscales 2005 y 2006 por Resolución FGE  Nº 1000/05 de fecha 30/05/2005  y 52/06 de fecha 13/01/2006, respectivamente.

El Departamento de Auditoría de Gestión tiene como propósito primordial realizar un relevamiento general de datos de las sedes fiscales de Asunción, Barriales, Zonales, y Regionales de todo el país, respecto a la administración de los recursos. Fundamentalmente verificar y controlar el cumplimiento de los procedimientos administrativos, disposiciones legales y reglamentarias.

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Esta dependencia brinda el apoyo técnico-jurídico en el cumplimiento de las disposiciones legales así como el respeto del debido proceso en el ordenador de los acuerdos interinstitucionales entre el Ministerio Público y otras organizaciones nacionales e internacionales

La Dirección de Asesoría Jurídica fue creada debido a la necesidad de contar con una sección encargada de coadyuvar, principalmente, al Fiscal General del Estado, así como a las demás direcciones y dependencias administrativas, en las cuestiones de carácter legal, jurisdiccional y administrativa en las que debiera intervenir.

Asimismo, tomando en consideración la realidad institucional, es prioridad de esta dirección, el acompañamiento al Fiscal General en las visitas, intervenciones, en la coordinación de reuniones de trabajo a nivel institucional e interinstitucional, asesoramiento de proyectos, evacuación de consultas, elaboración de dictámenes, entre otras actividades afines.

La función primordial de esta dirección es el análisis jurídico de las consultas formuladas por las diversas dependencias de la institución mediante dictámenes, los cuales constituyen un respaldo jurídico a la gestión del Ministerio Público. Entre sus funciones está:

  • Asesorar legalmente al Fiscal General del Estado.
  • Atender las consultas formuladas por el Fiscal General y demás Unidades Orgánicas del Ministerio Público, emitiendo opiniones respecto al contenido, alcance jurídico o interpretación de las disposiciones legales y normativas relacionadas con las actividades Institucionales.
  • Coadyuvar a establecer y uniformar criterios jurídicos a escala institucional.
  • Intervenir en los procesos judiciales y administrativos en los que el Ministerio Público sea parte, a requerimiento del Fiscal General del Estado.
  • Proponer proyectos normativos o de actualización de las disposiciones legales referidas al Ministerio Público a solicitud del Fiscal General o de otras dependencias del Ministerio Público.
  • Elaborar, analizar y evaluar los proyectos de resoluciones, convenios, contratos y demás documentaciones de carácter jurídico-normativo.
  • Dictaminar jurídicamente en cuestiones de carácter administrativo a requerimiento del Fiscal General u otros órganos competentes de la Institución.
  • Asistir en las tareas de carácter jurídico, reuniones de trabajo, mesas negociadoras y demás actividades vinculadas a la cooperación internacional.

DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN FISCAL

En diciembre del año 2003 fue creada la Unidad de Control de Gestión Fiscal  del Ministerio Público, con el fin de evaluar el desarrollo de sus actividades y proyectar con mayor eficacia el funcionamiento de la Institución.

Se pretende de esta forma,  profundizar el control de las actuaciones jurídico - procesales, para que la intervención del Ministerio Público se ciña al principio de legalidad en la investigación preprocesal y procesal penal; se cumplan estrictamente las garantías del debido proceso; y, se respeten los derechos humanos de los sujetos procesales a través de la inmediación y la contradicción. De esta manera, lograr un mejor funcionamiento de la gestión de las unidades fiscales, a través de un sistema de coordinación y control por parte de un órgano interno que realice las tareas adecuadas a ese fin.

Esta unidad trabaja con la información proveniente de los despachos fiscales, evalúa sus cualidades y su instrumentalización como insumo para la toma de decisiones estratégicas. Se busca que el sistema de control de gestión fiscal sea eficaz, de modo que la información sea actualizada, fiable, coherente y accesible. Para ejercer plenamente las funciones de control, se complementan con visitas periódicamente a las diferentes unidades y se coordina con los fiscales delegados y adjuntos la organización del personal, a fin de obtener mayor eficiencia y eficacia, para prestar un servicio adecuado a los usuarios del Sistema Procesal Penal.

Las funciones de la Unidad de Control de Gestión están orientadas a lograr un efectivo seguimiento de las actividades de las distintas dependencias a través del análisis de datos estadísticos, de la realización de auditorías internas acorde a los programas que se elaboren, del análisis de informes elevados por las unidades fiscales, entre otros mecanismos idóneos para el logro del fin propuesto.  Estas evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas, ha permitido detectar falencias y sobre la base de ellas, se han adoptado los correctivos que son de cumplimiento obligatorio y que han sido necesarios para reencausar prácticas inquisitivas que deben desterrarse.

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDIENCIAS

A través de una resolución, el Abg. Francisco Javier Díaz Verón, Fiscal General del Estado, estableció la implementación a nivel país de las Oficinas de Control de Audiencias Preliminares, de Juicios Orales y de Ejecución. Las mismas funcionarán en cada Fiscalía Adjunta del interior del país, bajo la dirección del Fiscal Adjunto encargado de cada Área.

El objetivo principal de estas oficinas es verificar y controlar la participación del Agente Fiscal en todas las Audiencias convocadas por el Juzgado correspondiente, salvo alguna estricta excepción.

De esta forma, las Oficinas asignadas en el interior del país podrán realizar las tareas de recolección de información para el control respectivo. Los responsables designados deben remitir un informe semanal al Fiscal Adjunto del área respectiva, con copia a la Coordinación General de Audiencias, establecido en Asunción.

Esta disposición busca la gestión con calidad, uno de los objetivos trazados por la nueva Administración, atendiendo el índice de inasistencia de los fiscales en las Audiencias. En el año 2007, se alcanzó un 60% de suspensión de las audiencias por incomparecencia del agente fiscal interviniente. En el año pasado, gracias a los controles ejercidos, ese porcentaje disminuyó entre el 30% y 14% en los años respectivos.

La Oficina fue creada en el año 2007, sin embargo en el año 2011 fue jerarquizada como Coordinación General de Audiencias, con cobertura en Asunción. Ahora, por Resolución se amplía la intervención a los 17 departamentos del país.

La demanda de trabajo impone la necesidad de actualizar la distribución de tareas, ampliar la cobertura de control y una mejor organización interna lo que contribuirá a la eficiencia judicial.

 

DIRECCIÓN DE GABINETE

El Fiscal General del Estado como administrador superior del Ministerio Público cuenta con un Gabinete Ejecutivo conformado por el Director, que en coordinación con la Secretaria Privada y el área de Protocolo organizan las actividades institucionales del Fiscal General del Estado, compaginan la agenda de eventos, audiencias y actos administrativos, enlazan las acciones coordinadas con otras direcciones, con los fiscales adjuntos y con otras instituciones.

La Dirección de Comunicación y Prensa, Asuntos Internacionales, la Secretaria General, la oficina de Protocolo, conforman también el Gabinete Ejecutivo.

SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General es el órgano encargado de asistir al Fiscal General del Estado y a las Fiscalías Adjuntas en la recepción, tramitación y resolución de los documentos y expedientes presentados ante los mismos. La misma forma parte del Gabinete Ejecutivo de la Fiscalìa General del Estado y funciona con carácter permanente en la sede de la Fiscalía General del Estado.

Su principal tarea es el gerenciamiento entre la Fiscalía General del Estado y las distintas dependencias jurisdiccionales y administrativas del Ministerio Público. Dá fe de las actuaciones judiciales y resoluciones administrativas. Sus funciones están determinadas en la Ley Orgánica de la institución.

FUNCIONES

A fin de cumplir con el mandato legal de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, esta dependencia realiza un estricto control de los plazos judiciales en los expedientes en los que interviene el Fiscal General del Estado y por la división interna del trabajo, también en los que toman participación los Fiscales Adjuntos. En ese sentido, se trabaja directamente con las Secretarías Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, los juzgados Penales y demás órganos jurisdiccionales, así como con los Agentes Fiscales de todo el país.

Toda la documentación suscripta por el Fiscal General del Estado es restringida, notificada y archivada a través de esta dependencia.

Otra responsabilidad significativa es llevar el control de los llamados a concurso de los cargos de Agentes Fiscales y Fiscales Adjuntos, por fenecimiento de mandato o cargos vacantes, por tal motivo debe mantener relaciones constantes con el Consejo de la Magistratura.

SECRETARÍA PRIVADA Y JEFATURA DE PROTOCOLO

La Secretaría Privada, en coordinación con la jefatura de Protocolo, organizan las actividades institucionales del Fiscal General del Estado, compaginan la agenda de eventos, audiencias y actos administrativos, enlazan las acciones coordinadas con otras direcciones, con los fiscales adjuntos y otras instituciones.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA

La Dirección de Comunicación, es la responsable de dar a conocer las actividades enmarcadas en la gestión así como de procesar las informaciones que interesan a la sociedad en cumplimiento del eje de Transparencia de la gestión institucional.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

La gestión de esta Dirección está orientada a sumar esfuerzos con la comunidad de Estados y sus autoridades competentes para enfrentar eficazmente el crimen trasnacional organizado y de esa manera fortalecer la actividad investigativa del Ministerio Público a nivel internacional.

La administración del Ministerio Público es conciente de que la investigación y la persecución penal de hechos punibles para la protección del ciudadano y el mantenimiento de la paz y el orden público constituyen objetivos importantes en toda sociedad organizada. La lucha para alcanzar esos objetivos no se puede restringir a las fronteras nacionales. La delincuencia transnacional es una industria en crecimiento.

Los delincuentes también tienen acceso a mejores posibilidades de transporte y a mejor comunicación, con lo que pueden evadir la investigación y el enjuiciamiento y ocultar los hechos y beneficios de sus delitos. Los delincuentes perfeccionan sus técnicas y se aprovechan rápidamente de los límites nacionales para protegerse de la justicia. Por tanto, el Ministerio Público debe intensificar su capacidad de dirección de la investigación orientada igualmente al ámbito internacional, con el fin de combatir esta amenaza común a todos. La cooperación judicial mutua es un mecanismo importante mediante el cual se puede, de una manera más efectiva, combatir los hechos punibles con vínculo trasnacional.

COOPERACIÓN EXTERNA

En cuanto a la Cooperación Jurídica Internacional conviene tener presente que el derecho penal internacional comprende el conjunto de reglas jurídicas que determinan las condiciones en las cuales deben auxiliarse mutuamente los Estados para la administración de justicia, a fin de asegurar el ejercicio del poder penal en la esfera de la comunidad de las naciones. Dicha cooperación surge ante la necesidad de brindar una respuesta eficaz al hecho de que, mientras la defensa social en materia penal se ejerce primordialmente en ámbitos limitados (principio territorial), la delincuencia no se encuentra atada a esas barreras y se internacionaliza.

En este marco, la Asistencia Jurídica Internacional en materia penal, se concreta través de exhortos o cartas rogatorias y es el instrumento del que se valen los Estados con el fin de colaborar entre sí en la investigación, juzgamiento y punición de hechos punibles que correspondan a la jurisdicción de cada uno pero cuya ejecución, desarrollo o resultado trasciendan sus propias fronteras.

 

GABINETE FISCAL

El Gabinete Fiscal proporciona la asistencia necesaria para que la Fiscalía General del Estado y las Fiscalías Adjuntas optimicen la atención de las vistas y traslado de expedientes dispuestos por los órgranos jurisdiccionales.

OFICINA DE RELATORES FISCALES

Una sub-dependencia del Gabinete Área Civil es el cuerpo de relatores abocados a expedientes que llegan de la Corte Suprema de Justicia (Sala Constitucional), del Tribunal de Cuentas y de los Juzgados o Tribunales en lo Electoral, vía Secretaría General.

Es función del Gabinete, en el área administrativa, estudiar los expedientes y preparar proyectos de dictámenes sobre: acciones de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales resoluciones y otros actos administrativos; cuestiones atinentes a la justicia electoral; contiendas de competencia suscitadas ante el Tribunal de Cuentas; así como en algunos casos intervención en demandas promovidas por funcionarios del Ministerio Público contra la Fiscalía General del Estado, ante el Tribunal de Cuentas.

OFICINA DE CASACIÓN

Esta oficina se encarga de la revisión y contestación de todos los traslados por motivos de recursos de casación interpuestos por los diferentes sujetos procesales ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Oficina Especializada en Recursos de Casación fue creada en el marco de reestructuración de las competencias de las Fiscalías Adjuntas, por Resolución de la Fiscalía General del Estado N° 2185 del 26 de septiembre de 2005.

Existe un registro informático de todas las causas que ingresan a la oficina, lo que  permite, por un lado, el control interno de las causas y por el otro, constituye una herramienta útil para proporcionar datos sobre cantidad de causas recibidas (estadísticas) y sentido de los dictámenes emitidos, así como la solución que la Sala Penal de la Corte ha resuelto aplicar al caso.

>>Descargar Instructivo de procedimiento para recurso de casación

Por Resolución N° 88 del 19/01/06, la Fiscalía General del Estado aprobó el instructivo que establece el procedimiento para la interposición del Recurso de Casación, que encuentra su base en las disposiciones de los artículos 4° y 52° de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

>>Descargar Formulario de consultas para la interposición de recusos de casación.

 

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